Una brisa fresca soplaba en Cali en la noche del miércoles 2 de diciembre de 1981. En las tribunas del estadio Pascual Guerrero los hinchas entonaban cánticos y alistaban las serpentinas y el papel picado para lanzarlas a la salida de los jugadores de Nacional y América. Una avioneta, que volaba a muy baja altura, se les adelantó. Desde su interior arrojaron una lluvia de papelitos que cayó sobre el público y cubrió el césped. Venían con una carta dirigida "a los secuestradores comunes y a los secuestradores subversivos" y en la que se les anunciaba el inicio de su búsqueda para "su ejecución". La esquela estaba firmada con una sigla hasta entonces desconocida: 'MAS, Muerte a Secuestradores'.
El comunicado de 11 puntos y 400 palabras que literalmente cayó del cielo ese miércoles 2 de diciembre fue la primera acción pública de esta organización nacida con apoyo financiero de la mafia, que le daría un vuelco radical al conflicto armado. De hecho ese fue el embrión del nacimiento de un tercer actor en la guerra que libraban el Estado y la insurgencia armada. Parte importante de la sociedad en un principio miró con indiferencia el nacimiento del MAS, tal vez con la secreta convicción de que esa organización ayudaría a acabar con el problema de la insurgencia. Pero con el tiempo se le convirtió en una de las amenazas más graves de su historia. ¿Por qué? Quien había entrado realmente en escena era el narcotráfico, poderosamente armado.
El M-19, en ese momento la organización guerrillera de mayor presencia urbana, había producido sin pretenderlo la excusa para el nacimiento del MAS. En Medellín, tres semanas atrás, Martha Nieves Ochoa había sido secuestrada. La muchacha de 26 años, hija del conocido ganadero y propietario de caballos de paso Fabio Ochoa, acababa de salir de clases en la Universidad de Antioquia cuando tres hombres se la llevaron. Los miembros de la familia Ochoa se reunieron en su casa en La Loma, cerca de Envigado. Allí, entre azulejos y orquídeas, tomaron una fría pero trascendental decisión: el rescate no sería pagado. En cambio, pondrían un fondo de 25 millones de pesos para quien diera informes que permitieran la liberación de la joven. El MAS comenzaba su gestación.
Mientras la epidemia del secuestro se extendía y las organizaciones defensoras de derechos humanos alertaban sobre los abusos de armar en manos de civiles para pelear contra la insurgencia, la vida cotidiana en las ciudades sufría unas transformaciones impensables. Hasta el año 70 Medellín era de una tranquilidad primaveral. Era una ciudad de hombres de empresa y de señoras piadosas que organizaban bazares de caridad y desfiles florales. La prensa de la época contaba la quiebra de las discotecas por falta de clientes, mientras que las iglesias estaban llenas a la hora de la misa y en la penumbra de las casas, a las 6 de la tarde, como en el siglo XIX, se rezaba el rosario. Esta imagen se rompió en mil pedazos cuando los muchachos que jugaban con pelotas de trapo en las calles del barrio Antioquia encontraron una mina de oro ilegal: el cambio del polvo de cocaína por millones de dólares. La vieja Medellín vio sorprendida la entrada de avalanchas de dinero ganadas de un día para otro por los jóvenes.
En este contexto, al M-19 se le ocurrió despojarles a los noveles barones de la droga parte del dinero que ganaban por el tráfico de droga para alimentar la revolución. El responsable de la operación en el secuestro de Martha Nieves Ochoa fue Luis Gabriel Bernal, un hombre inteligente y con vasta experiencia para moverse en la clandestinidad. Lo que él y sus compañeros de aventura nunca previeron fue la reacción contundente de unas víctimas ricas y dispuestas a todo.
Entre ellos estaba un hombre hasta ese momento desconocido para los colombianos: Carlos Lehder Rivas, quien hizo su presentación en sociedad 40 días después del vuelo de la avioneta en el estadio de Cali. Fue en un aviso pagado en el periódico La Patria de Manizales en donde relataba que él también había sido secuestrado. En el texto exigía a la Comisión de Derechos Humanos preocuparse más de los secuestrados que de los secuestradores. Los primeros, decía, están "desnudos y encadenados, permanecen enterrados en vida sufriendo humillaciones, infecciones y maltratos", mientras que los autores del delito "elegantes, gorditos, pulcros y sin pecado". Finalmente, clamaba por la creación de una fuerza táctica antisecuestro en la que debían participar, según él, mercenarios extranjeros de Vietnam y Suráfrica, y "grandes del F2, guerreros del B2, inteligencia del DAS, halcones de la Fuerza Aérea y tiburones de la Marina".
Por plata no había problema. En el comunicado de ese histórico miércoles 2 de diciembre de 1981 se anunciaba el aporte de "223 jefes mafiosos", quienes decidieron asignar cada uno dos millones de pesos y 10 de sus mejores hombres para el objetivo. Es decir, nacía un ejército privado de 2.230 hombres.
Su eficacia no dejó ninguna duda en su primera acción. En cuestión de días averiguaron que el autor intelectual del secuestro de Martha Nieves había sido Bernal, a quien no le había temblado la voz para exigir 12 millones de dólares por su liberación. El MAS demostró su poderío al secuestrar a 25 personas muy cercanas a él. Entre ellos su novia, su hermano, su cuñada y sus mejores amigos. Finalmente, el 16 de febrero de 1982, fue liberada sana y salva y sin pagar un solo peso de rescate.
Muchos colombianos expresaron su simpatía por el naciente grupo. Sin embargo, ese aire de tranquilidad se transformó primero en inquietud y luego en terror cuando el MAS siguió adelante con sus acciones. El primer muerto fue William de Jesús Parra Castillo, militante del grupo ultra izquierdista Autodefensa Obrera (ADO), quien era acusado de haber participado en el asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas. Luego asesinaron al penalista Enrique Cipagauta Galvis por defender presos políticos, explotaron una bomba en la casa de la periodista María Jimena Duzán y amenazaron de muerte al ex ministro y defensor de derechos humanos Alfredo Vázquez Carrizosa y al escritor Gabriel García Márquez. A los tres, por denunciar a los escuadrones de la muerte. La lógica del MAS era la misma de las temibles organizaciones paramilitares que azotaron el Cono sur: exterminar a los miembros armados de grupos de izquierda, pero también a sus simpatizantes, a sus vecinos, a sus familias y amigos y a aquellos que osaran denunciarlos en sus escritos.
International Crisis Group (ICG) afirma que desde sus "inicios, el MAS tuvo estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad del Ejército y la Policía". Hecho que fue denunciado en su momento por el Ministerio Público en un informe que en la época causó escozor en el país. La alerta de la Procuraduría sobre la participación de miembros de la fuerza pública de entonces coincide con la de ICG: "Esto explica en parte la fácil ampliación de los objetivos iniciales de esta alianza cuando los capos del narcotráfico se convirtieron en terratenientes y consolidaron su poder económico como importantes dueños de propiedades e inversionistas".
En esta dinámica los grupos armados de extrema derecha crecieron dejando un baño de sangre sin precedentes. Había armas y dinero para asesinar a anónimos e indefensos campesinos en apartadas regiones o candidatos políticos fuertemente custodiados como Luis Carlos Galán. Frank Safford y Marco Palacios afirman en su estudio Colombia: país fragmentado, sociedad dividida que más de dos tercios de las muertes relacionadas con el conflicto político entre 1975 y 1995 corresponden a civiles asesinados fuera de combate. Muchos de ellos fueron muertos por el MAS o sus derivados, todas organizaciones con nombres que evocan el exterminio, símbolos patrios o que hacen referencia a los lugares donde nacieron como Los Tangueros, Los Tiznados, Mano Negra, entre otros.
Fue tal la proliferación que durante el gobierno del presidente Virgilio Barco su administración informó al país de la dificultad para luchar contra los grupos paramilitares pues había "264 a lo largo y ancho del país". En cualquier lugar del país alguien con intereses ilegales que defender creaba su propio grupo armado para proteger sus tierras, atacar a los invasores, eliminar a la guerrilla o a cualquier persona que consideraran una amenaza. Hasta que en 1997 Carlos Castaño logró centralizarlos bajo su mando con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El propio Castaño, sin embargo, advirtió que la organización tendría que tener un perfil único de contrainsurgencia por lo que era imperativo romper con el narcotráfico. Lo reiteró en varias ocasiones antes de desaparecer.
*Periodista de SEMANA