El primero de diciembre de 1957, 4.397.090 ciudadanos se volcaron a las urnas en las elecciones más concurridas de la historia colombiana, para aprobar o reprobar el plebiscito que daría origen al Frente Nacional. A favor 4.169.294 votaron y tan sólo 206.864 en contra, es decir, un escuálido 4,7 por ciento de los electores se opusieron al novedoso experimento político. Ante todo, la derecha doctrinaria representada por Jorge Leyva y el Partido Comunista.
Ese día era muy especial por diversos motivos. Por una parte, era la primera vez que el sufragio cobijaba a las mujeres. Aún cuando el voto femenino había sido aprobado durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, sólo en esta ocasión memorable pudieron concurrir a las urnas. Por otra parte, tras el período de la violencia y los regímenes militares, se abría la esperanza de volver a la paz y a la democracia. Finalmente se respiraba en el ambiente un clima de concordia entre los partidos, cuyo sectarismo extremo había ensangrentado el país a lo largo de un siglo.
Por ello, no es de extrañar que los símbolos de la reconciliación nacional fueran dos figuras cimeras y polémicas que marcaron con su impronta buena parte del siglo XX: Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Los adversarios de ayer transformados en los aliados de hoy. El sectarismo extremo e irresponsable de Laureano Gómez trastocado en discursos a favor de la reconciliación y la concordia nacionales. Aún cuando los lineamientos básicos del Frente Nacional fueron expuestos por primera vez en la famosa carta de Alfonso López Pumarejo dirigida al Directorio Liberal de Antioquia (2 de marzo de 1956) que definió los postulados básicos del futuro Frente Nacional (entre otros, una reforma constitucional para establecer un gabinete de coalición bipartidista), fueron ante todo la Declaración de Benidorm (24 de julio de 1956) y el Pacto de Sitges (20 de julio de 1957) firmados entre Gómez y Lleras los que enmarcaron el proceso de transición entre la Junta Militar de Gobierno y el primer gobierno del Frente Nacional.
Inicialmente, el frente interpartidista de oposición al gobierno del general Rojas Pinilla tomó la denominación de Frente Civil. Nombre que debió cambiarse, a la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957, por el de Frente Nacional para despejar la idea de que se trataba de una coalición contraria a las Fuerzas Armadas. Sobre todo, desde que se tomó la decisión de juzgar solamente a Rojas
-tomado como un chivo expiatorio-, perdonando a su turno al resto de los miembros de la institución castrense. Mediante esta decisión se esperaba una total fidelidad de las Fuerzas Armadas a las instituciones frentenacionalistas. Salvo sectores golpistas aislados, esta fue la conducta de la Junta Militar de Gobierno (Gabriel París, Luis Ordóñez, Rafael Navas, Deogracias Fonseca y Rubén Piedrahita) que sirvió de puente entre el gobierno militar y la restauración institucional.
Por varias razones, Gómez y Lleras consideraron el referendo popular como la vía más idónea para alcanzar la restauración de las instituciones civiles. Primero, dada la trascendencia de las cuestiones en juego no bastaba una simple Asamblea Constituyente para darle un piso suficiente de legitimidad al nuevo régimen político. Segundo, teniendo en cuenta los duros enfrentamientos entre la fracción ospinista (que había coadyuvado a la caída de Laureano) y el laureanismo (que acusaba a Ospina de connivencia con el gobierno militar), el voto popular permitía superar este escollo insalvable entre las dos fracciones mayoritarias del Partido Conservador que estaban haciendo tambalear la transición democrática. Finalmente, mediante una contundente votación popular, se buscaba evitar la descalificación tanto de sectores militares como civiles adversos a la nueva institucionalidad política en cierne.
A pesar de la amplia ratificación popular del plebiscito, con el correr de los días múltiples voces comenzaron a denunciar al Frente Nacional como un modelo de "restauración autoritaria" de las instituciones civiles. A diferencia del pacto más incluyente de Punto Fijo, el cual se firmó en Venezuela en la misma época tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el de Colombia gracias a la alternación presidencial y la paridad política, será percibido como un sistema semicerrado, elitista y fuente de exclusiones.
Un poco más de cuatro décadas han transcurrido desde el inicio del Frente Nacional. Ya existe, por tanto, una perspectiva histórica suficiente para evaluar este experimento político sin las pasiones del pasado. El balance es agridulce. Hubo tantos logros significativos, como desastres manifiestos.
Los logros más importantes fueron, a mi modo de ver, tres. En primer término, se logró desactivar la tradición de los "odios heredados", la cultura sectaria que habían alimentado los dos partidos tradicionales mediante la movilización pasional de sus simpatizantes. Las guerras civiles serían ya cosa del pasado. En segundo término, la estabilidad institucional que generó el Frente Nacional fue decisiva para evitar que Colombia cayera como el resto del continente y con muy pocas excepciones (México, Costa Rica y Venezuela), en la ola de regímenes militares que asolaron al continente en estos años. Finalmente, el Frente Nacional permitió mantener la estabilidad macroeconómica del país, que se constituyó en uno de los mayores logros de la sociedad colombiana a lo largo de buena parte del siglo XX.
En contraste con estos logros, los efectos negativos fueron también protuberantes. Al menos dos han sido señalados con insistencia por los analistas de este período histórico. De un lado, la fragmentación extrema de los partidos tradicionales, ya que la competencia interpartidista se transformó en una dura competencia intrapartidista dado que cada partido tenía garantizado, con independencia de su peso electoral real, 50 por ciento de cargos de elecciones populares.
Las fracciones organizadas comienzan a dar paso a facciones personalistas, a la total indisciplina parlamentaria y a la ingobernabilidad democrática. Esta situación se veía agravada por la parálisis parlamentaria, pues, según el texto del plebiscito, las iniciativas gubernamentales requerían para su aprobación del voto favorable de las dos terceras partes en la Cámara y en el Senado. La respuesta no se hará esperar. Ante la dificultad de conformar mayorías parlamentarias, los gobiernos del Frente Nacional y el pacto burocrático bipartidista posterior, mantendrán al país en estado de sitio permanente para poder eludir el desorden parlamentario y gobernar por decreto.
Por otro lado, la exclusión de los partidos y movimientos distintos al bipartidismo generará un "sentimiento de exclusión", cuyo impacto será muy negativo. Por una parte, arrojará a las filas del naciente movimiento guerrillero posrevolución cubana a toda una generación de jóvenes radicales. Igualmente, esta exclusión dará origen a toda una suerte de movimientos políticos, tales como la Alianza Nacional Popular y el Movimiento Revolucionario Liberal, que van a constituir fuertes movimientos de oposición en contra de las instituciones del Frente Nacional.
¿Constituyó realmente el Frente Nacional un "sistema cerrado" como ha planteado la izquierda para explicar (y, en ocasiones, justificar) la emergencia de una oposición extraparlamentaria e, incluso, armada? Esta tesis ha sido duramente cuestionada por prestigiosos historiadores como Malcolm Deas y Daniel Pécaut. Colombia sostienen era, a pesar de las restricciones del Frente Nacional, uno de los sistemas políticos más abiertos de América Latina en una época dominada por gobiernos militares.
Incluso, afirman, muchos militantes de la izquierda radical e, incluso, del Partido Comunista, pudieron acceder al Congreso envueltos en las banderas del Partido Liberal. El caso más notable fue el de Juan de la Cruz Varela, el destacado líder agrario de la conflictiva región del Sumapaz, quien accedió a la Cámara de Representantes en la lista de Alfonso López Michelsen. Probablemente, la "percepción de cerramiento" fue superior al grado real de cerramiento del sistema político. Este punto todavía es objeto de discusión en la historiografía colombiana.
El balance del Frente Nacional hubiera sido, probablemente, muy positivo si hubiese sido desmontado en las fechas previstas. Pero las cúpulas bipartidistas decidieron en mala hora, a fines de los años 60, prolongar el pacto burocrático mediante un parágrafo en el artículo 120 de la Constitución Nacional, el cual exigía darle una participación adecuada y equitativa al segundo partido en votos tras cada elección. Fue un desastre. Lo bueno del Frente Nacional (en particular, la superación de los "odios heredados" y la recuperación de las instituciones civiles) ya se había alcanzado. Con este parágrafo nefasto se prolongó, por el contrario, todo lo negativo que arrastraba el Frente Nacional: la burocratización clientelista de los partidos tradicionales, el debilitamiento de la competencia interpartidista y, sobre todo, el sentimiento de exclusión de la oposición política.
Hubo que esperar hasta la imposición del esquema gobierno-oposición bajo el gobierno de Virgilio Barco en 1986 y, sobre todo, a la Constitución de 1991, para poder llevar a cabo el desmonte final del Frente Nacional. Una eternidad.
*Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.