Colombia entró en el siglo XX en medio de una cruenta guerra civil, perdida su más valiosa provincia, la de Panamá, con hiperinflación y desconectada del mercado internacional de capitales. La experiencia con el Banco Nacional fundado en 1880 había probado ser negativa para el desarrollo económico y para la profundización financiera, que incluso retrocedió. La única función del Banco Nacional fue la de financiar gratuitamente al gobierno, en especial sus gastos de guerra, lo que hizo trepar el nivel de precios al 300 por ciento en 1902, y liquidó la poca riqueza que había logrado acumular el sector privado durante el siglo XIX.
La reconciliación de los bandos en contienda, explícita en las reformas de 1910 a la Constitución, que la hicieron tolerante, y la escogencia de políticos pragmáticos que se concentraron en cómo aumentar las exportaciones de café y adelantar la atrasada infraestructura de Colombia, permitieron que su economía creciera casi sin interrupciones durante el siglo XX. El recurso de polarizar al país y perseguir al liberalismo quedó enterrado durante algunos años, aunque reaparecería hacia la mitad del siglo XX.
La tarea monetaria fundamental de los gobiernos a partir del general Rafael Reyes fue recoger el exceso de circulante emitido por la tesorería durante los años de la guerra con una política bastante draconiana, con algunas pocas emisiones de títulos de deuda pública que sirvieron de dinero y permitiendo, además, el uso de monedas extranjeras para aceitar el sistema de pagos. Las tasas de interés tenían que ser entonces bastante elevadas. Todos los sectores políticos se sintieron temerosos de atacar el problema de un nuevo banco central, dados los corrosivos resultados de la experiencia anterior, y no se ponían de acuerdo en cómo proceder para establecer una nueva institución.
En el arreglo de la toma de Panamá por Estados Unidos ese país aceptó pagar una indemnización al país por 25 millones de dólares, que incluyó una apertura a las inversiones petroleras en Colombia y al mercado internacional de capitales. Se hizo necesario crear las instituciones para manejar la liquidez de manera racional, reorganizar las cuentas fiscales para monitorear la deuda pública externa y supervisar adecuadamente el sistema bancario. Como los partidos no se podían poner de acuerdo sobre cómo proceder, se requirió de un árbitro extranjero, el profesor de Harvard Edwin Kemmerer, tildado como "el médico internacional de la moneda", quien llegó al país en 1922 con la misión de sentar los cimientos de un banco central, de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia Bancaria.
El Banco de la República fue definido como semipúblico. El gobierno aportaría la mitad de su capital, pero tendría una representación de sólo tres miembros con voz pero sin voto en una junta directiva de 10. De los otros siete había tres banqueros y el resto eran representantes del comercio y de la agricultura. En caso de ingentes problemas del fisco, el banco le podía prestar al gobierno hasta el 30 por ciento de su capital, pero a tasas de mercado. Se trataba de un banco de bancos, prestamista de última instancia que alimentaba la liquidez del sistema financiero mediante préstamos de corto plazo.
Sin embargo no tardó mucho la iniciativa pública en dar lugar al Banco Agrícola Hipotecario que inició operaciones en 1924 (ley 68). Tenía un capital suscrito en 50 por ciento por el gobierno nacional, y el resto por gobiernos departamentales y municipales, así como por entes privados. Con el tiempo, éstos se multiplicarían en medio de malos manejos y pérdidas que tenían que ser enjugadas siempre por el presupuesto público.
El Banco de la República tuvo que abrir sus puertas antes de lo planeado porque reventó una crisis financiera internacional que dio al traste con la institución bancaria privada más grande de la época, el Banco López, cuyo edificio quedaba en la Avenida Jiménez entre carreras séptima y octava, hoy ocupado por el Banco Cafetero. El final del puente festivo propiciado del 20 de Julio en 1923 resultó ser la fecha inaugural del Banco de la República.
La crisis puso de presente una de las funciones fundamentales que debía prestar el nuevo ente, cual era frenar y salvar crisis financieras. El Banco López cerró sus puertas un viernes y al martes siguiente sus instalaciones estaban ocupadas por el nuevo banco central, que entró a garantizar los depósitos de sus clientes, con lo que evitó una crisis generalizada del sistema financiero y de pagos.
El impacto sobre las tasas de interés de una mayor y segura liquidez fue muy rápido: aquellas bajaron de niveles superiores al 15 por ciento a unos nuevos entre 8 y 9 por ciento, donde se quedaron hasta la crisis de 1929. Las nuevas instituciones y las organizaciones correspondientes entraron en vigencia en el contexto de una economía en rápida expansión. En efecto, la economía creció a una tasa media del 6,6 por ciento entre 1920 y 1929. Los activos bancarios pasaron de representar 12,7 por ciento del PIB en 1925 a 22,1 por ciento del PIB en 1929, lo cual ayudó a apalancar más aún el desarrollo de la acumulación de capital, del consumo y de la construcción.
Con la fundación del banco central se contribuyó a la 'estabilidad macroeconómica' del país. El régimen monetario correspondió al de un patrón oro regulado, en el cual el banco podría intervenir en el mercado de cambios para estabilizar la cotización de la moneda nacional. En momentos en los que aumentaban las exportaciones de café y los gobiernos locales y el central se endeudaban en el exterior para adelantar la red de ferrocarriles y de carreteras -que daría, por fin, existencia a un mercado interior- la tasa de cambios se movió relativamente poco. A la estabilidad de la tasa de interés y de los precios se sumaba entonces un peso que mantenía su valor frente al dólar y ello permitía una fluidez considerable de los capitales que entraban y salían del país, lo que permitía prever razonablemente el curso futuro de cada una de las variables monetarias y cambiarias.
Todo este andamiaje basado en el libre mercado y en el patrón oro sería cambiado con la crisis mundial de 1929, que obligó a repensar cada uno de los instrumentos de intervención del banco central.
Sus administradores obtuvieron entonces más discreción en sus decisiones de salirse del patrón oro, de permitir la devaluación del peso, de emitir, de prestarle al gobierno o de declarar una moratoria general para los agentes endeudados que no pudieron honrar sus obligaciones hasta que se salió de la gran depresión. Tales políticas contribuyeron a que la crisis fuera superada con relativa rapidez y que la economía colombiana volviera a tener fuertes crecimientos de 1933 en adelante.
*Economista, codirector del Banco de la República